Poco a poco, y casi sin que nos demos cuenta, el granhermanismo se está convirtiendo en una forma de vida. Orwell sería amargamente feliz al comprobar que su antiutopía se hace cada día más y más real.
El control del ciudadano que los burócratas de todo el mundo se afanan por implantar, siempre al son de las maracas que los lobbys y grupos de presión les agitan en la cara, es un peligro para la democracia peor aún que el terrorismo que pretende combatir, y ya no digamos que la interesada definición de «piratería» que hacen circular entidades de gestión de derechos de autor y asociados.
La última insensatez que los burócratas nos quieren colar es la posibilidad de espiar impunemente, y sin previa autorización judicial, nuestras comunicaciones electrónicas. Aquello del derecho al secreto de las comunicaciones, un a modo de secreto de confesión moderno, por el que el estado se compromete a no violar la privacidad del ciudadano abriendo sus cartas ni pinchando su teléfono, si no es mediando una fuerza de causa mayor avalada por la decisión de un juez, se pretende burlar en el caso de las comunicaciones electrónicas.
Como siempre, el proceso es enrevesado y complejo, los lobbys han elaborado una estrategia que reparte entre varias directivas y varias comisiones del Parlamento Europeo el paquete global de medidas que pretenden implantar, desde que entidades con intereses privadas decidan para que puede o no usar el ciudadano su línea de datos, hasta instalar programas espía en sus ordenadores. Para comprenderlo mejor es conveniente leer este informe de la Asociación de Internautas, aunque copio literalmente las llamadas enmiendas-torpedo más alarmantes:
Enmienda H1: permitiría a los gobiernos establecer restricciones para evitar el contenido ilícito en Internet. La principal, actuar sobre la calidad del servicio, o dicho de otra manera, reducir la velocidad del P2P, burlando la neutralidad de la red.
Enmienda H2: pretende establecer mecanismos de cooperación entre los proveedores de Internet y los productores de contenido. O en otras palabras, abrir la puerta para que las sociedades de autores establezcan a los proveedores de Internet qué contenido es lícito y cual ilícito.
Enmienda H3: inspirada en la Guillotina Digital de Sarkozy, obligaría a los proveedores de servicio a controlar y advertir por email a los usuarios cuando se descarguen contenido ilícito.
Todo esto, como digo, escudándose en la lucha contra actividades criminales como el terrorismo o la pornografía infantil, y otras más endebles como es la protección de los derechos de autor. Lo espeluznante del asunto es que para proteger a la sociedad de unos criminales se criminaliza a la sociedad entera, por completo y sin excepción, por el solo hecho de transmitir un mensaje cifrado por cuestiones laborales se es sospechoso de enviar vaya a saber usted que terribles instrucciones para cometer un atentado. Por el solo hecho de usar en internet un protocolo P2P ya se es un criminal confeso de «piratear», ojo a las comillas, contenido audiovisual.
De toda la vida se ha parado los pies a los criminales sin necesidad de pasar por encima de los derechos y libertades de los ciudadanos, o como mal menor, solo en casos puntuales y muy localizados. Con estas directivas se da la posibilidad de espiar a todos a la vez e indiscriminadamente, se acabó la presunción de inocencia.
Lo de la protección de derechos de autor es otra gran mentira que no por repetida va a dejar de serlo. No se quieren proteger los derechos de ningún autor, es más, la industria estaría encantada si el 90% de esas leyes no existieran (precisamente la que protege a los autores de la industria) Lo que quiere la industria (que no los autores, entre los que existe una notable división) es que el ciudadano no pueda intercambiar libremente los bienes que ha adquirido con todas las de la ley. La industria quiere que el ciudadano siempre compre, y si para eso tiene que pervertir las leyes y empujar a burócratas y políticos a comportarse de forma antidemocrática, lo harán.
Recordemos que en España no está prohibido. Cualquiera puede comprar cualquier cosa y dársela a quien mejor le parezca. Si yo compro un disco y decido enviar a mis amigos una copia de su mejor canción puedo hacerlo libremente. De hecho, el legislador ha previsto esta circunstancia y entendido que el autor (es decir, la industria) va a sufrir un teórico (solo teórico) menoscabo de sus ingresos por lo que ha gravado el soporte destino (desde las cassetes hasta los reproductores de MP3, pasando por discos duros y CDs) con una cierta cantidad de dinero para compensar ese intercambio.
El derecho a la copia privada del ciudadano se le compensa al autor mediante el canon, si se obstaculiza mínimamente el derecho a copia privada del ciudadano, el canon se convierte automáticamente en el monopolio corrupto de unos privilegiados. Si se le quita al ciudadano ese derecho, se le debe quitar esa obligación.
Así, el futuro que pinta Richard Stalman en su relato el derecho a leer se hace día a día más patente, el control minucioso de los pasos de la ciudadanía es cada vez más opresivo,.
Lo que no se debe hacer es caer en la trampa de pensar que si no tengo nada que ocultar no tengo de que preocuparme, porque ya no es el ciudadano el que decide que debe ocultar y que no, sino que ya no podrá ocultar nada, y es justo en ese momento en el que todos tendremos algo que no nos gustaría enseñar, y estamos en nuestro derecho.
Todavía quedan unos cuantos años para llegar a estos extremos, pero las primeras piedras ya están puestas. Minémoslas antes de que se conviertan en otro muro de la vergüenza.
Enlaces de interés:
Noticia en el diario El País
Noticia en BBC NewsInforme de Informática Verde
Informe de La Quadrature du NetTraducción en la Asociación de Internautas© Francisco José Súñer Iglesias
13 de julio de 2008
Artículo sacado de:http://www.ciencia-ficcion.com/bienvenida.html
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